Periodico INFORMACIÓN
ALICANTE Jueves, 08 de febrero de 2007
Los afectados indican en sus alegaciones que el modelo de «apartamentos y adosados en parcelas irrisorias» agotará totalmente el agua potable
Los vecinos renuncian por 6 millones a sus casas al ser «destruidas» por un PAI
A.P.F.
De vivir en un chalé con piscina, garaje y jardín a habitar una casa constreñida en una parcela de menos de 500 metros cuadrados. Los vecinos de Tormos afectados por una reparcelación forzosa que impulsa la mercantil Toscaforta, S.L., han presentado durante los últimos días numerosas alegaciones contra un programa urbanístico que les obliga a ceder buena parte de sus propiedades y a derruir piscinas, muros y construcciones anexas a sus chalés. Además, sus viviendas perderán, inevitablemente, valor de mercado y quedarán rodeadas de un enjambre de casas, bungalows y apartamentos
Estos vecinos ven el panorama tan negro que, en sus alegaciones, apelan a la LUV (Ley Urbanística Valenciana) y se acogen al artículo que les permite renunciar a la constreñida finca que les queda tras la reparcelación a cambio de «una justa compensación». Estos propietarios aportan tasaciones de arquitectos y, en conjunto, exigen unos seis millones de euros por sus casas actuales. Las tasaciones individuales van desde los 280.000 euros a los más de 500.000.
Este diario ha tenido acceso a una de las alegaciones. Los propietarios de una casa de 214 metros cuadrados, con piscina de 32 m2 y una caseta de 15 m2, barbacoa y jardín sitúan la «justa compensación» en unos 438.000 euros. En el recurso advierten que, con la reparcelación forzosa, su parcela se reduce a menos de 500 m2 y en el terreno que pierden están la terraza, la piscina, la barbacoa y el jardín. Asimismo, los propietarios deberían derruir todos los muros. No podrán construir de nuevo, por falta de espacio, la piscina y tampoco tendrán ni siquiera sitio para aparcar sus vehículos.
Esta alegación indica que el agente urbanizador, la mercantil Toscaforta, ligada a Blauverd y Real Promociones, demuestra «un claro desprecio por los intereses de los propietarios» de parcelas y viviendas consolidadas y que cuentan, de hecho, con viales de acceso y servicios de saneamiento, agua potable, electricidad, telefonía fija y preinstalación de alumbrado público.
Estos propietarios alertan de que la reparcelación forzosa pasa por alto la realidad urbanística de Tormos y trata sus parcelas, donde han construido con licencia del ayuntamiento sus chalés, «como si de un campo de naranjos o de vid se tratara». Opinan también que el agente urbanizador se ha limitado a «marcar con lápiz» por dónde considera que deben pasar los nuevos viales y no ha pensado ni un momento en «la dignidad» de los afectados, «que pueden ver cómo sus viviendas quedan prácticamente destruidas».
Desde que Tormos aprobó en 2004 su PGOU, los vecinos viven en un constante sobresalto urbanístico. La mercantil Toscaforta presentó seis PAI para desarrollar todo el suelo urbanizable, que supone más de un millón de metros cuadrados. El ayuntamiento, gobernado por el PP, rechazó dos de estos programas pero dio luz verde a los otros cuatro. El 7 de febrero de 2005 terminó el plazo para que los vecinos presentaran alegaciones a los PAI. Ahora, dos años después, los propietarios se han dado de bruces con una reparcelación forzosa que reduce sus parcelas a la mínima expresión. El plazo de alegaciones a la reparcelación termina hoy.
Los recursos presentados por los afectados también insisten en que ni el ayuntamiento ni el agente urbanizador han tenido en cuenta el problema de agua potable que ya sufre Tormos. Alertan de que en verano el agua ya escasea. «Se producen cortes o el agua deja de ser potable y aparece con un color rojizo». Las alegaciones, por tanto, ya avisan de que, «una vez empiecen a finalizarse las nuevas edificaciones, no habrá agua para nadie».
Estos vecinos concluyen que se ha equivocado el modelo urbanístico, ya que los «apartamentos y adosados en parcelas irrisorias» provocarán que se agoten rápidamente las reservas de agua.
Además, propietarios afectados por los PAI y la reparcelación ya han presentado ante la Comisión Territorial de Urbanismo recursos que exigen la revisión del actual PGOU. Estos recursos argumentan que los informes del PGOU que avalaban que había suficiente agua potable están falseados. En las alegaciones, los propietarios advierten que cuando construyeron sus actuales viviendas ya cedieron terrenos para los viales. También señalan que sus parcelas deben tener el tratamiento de suelo urbano consolidado y, por tanto, «no existirá obligación alguna de cesión de terrenos».
Critican que al agente urbanizador se le ha ido la mano al exigir costes de urbanización muy elevados, puesto que estas viviendas ya disponen de servicios urbanísticos.
