Los regantes del Girona piden acuerdos con Calpe para evitar extracciones de agua

Periodico INFORMACIÓN : Viernes 1 agosto 2008 La Marina

Los regantes del Girona piden acuerdos con Calpe para evitar extracciones de agua

El TSJ declara ilegal la licitación de las obras de las conducciones desde Vall de Laguar
01.08.08 - R.D.A. CALPE

Conducciones realizadas en Vall de Laguar para llevar agua a Calpe.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado ilegal la licitación de la obra renovación de las conducciones de La Vall de Laguar y Benigembla a Calpe y Benissa, por más de 15.000.000 euros, efectuada por la Conselleria de Infraestructuras, que anula y deja sin efecto. Y ello, según la sentencia, porque Calpe carece de la preceptiva concesión de aguas.

Desde la Comunidad Usuarios del Río Girona se inició, ayer y una vez más, en el hecho de que Calpe carece de concesión de aguas y que está "extrayéndola del cauce del río Girona, llevándose un agua que es de los usuarios del acuífero y que históricamente ha venido surtiendo por el propio río Girona a parte de la comarca en la que hay acuíferos sobre explotados o salinizados".

Según los regantes, "no podemos entender cómo se impiden usos de agua a los ayuntamientos de la zona y se permite que Calpe se esté llevando agua desde hace más de 20 años de forma ilegal.

Los afectados hicieron ayer un nuevo llamamiento al diálogo al Ayuntamiento de Calpe que "nunca se ha sentado a negociar nada ante los usuarios del acuífero y del río Girona. A la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que cierra el pozo de Tormos, pero no Calpe, que nos atiende muy amigablemente pero ni tan siquiera nos reconoce la cualidad de interesados en los expedientes en los que se trata el tema del pozo y no atiende nuestras denuncias"

Además, insistieron en que no entienden cómo la CHJ avala la extracción de aguas hacia Calpe cuando sabe que el agua del acuífero del Migdia surte al acuífero de Segària, ignorando además que el río Girona debe disponer de un caudal ecológico. Por ello, exigieron a la Generalitat que no haga actuaciones en contra de los usuarios de la comarca.

Para los regantes es posible un sistema de explotación que garantizando el caudal ecológico permita una racional utilización del recurso, pero contando con los usuarios de la comarca, porque hay agua suficiente para garantizar los usos de la comarca.

Desde la Comunidad General de Usuarios del Río Girona se quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía para que "se solidaricen con las actuaciones que estamos llevando a cabo y con las movilizaciones que necesariamente habrá que llevar a efecto si queremos que nuestras reivindicaciones sean, por fin, escuchadas".

Muestras de apoyo

Los afectados comentaron que esperan las "muestras de apoyo de las diversas organizaciones y asociaciones de ciudadanos preocupados por el medio ambiente para que podamos hacer llegar a los que nos administran, nuestro interés por defender lo que es de todos, el agua".

El TSJCV anula la licitación de la obra de conducción de La Vall de Laguar y Benegembla a Calpe y Benissa

Periodico INFORMACIÓN : Martes 29 de julio de 2008

Sentencia
El TSJCV anula la licitación de la obra de conducción de La Vall de Laguar y Benegembla a Calpe y Benissa

La sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado ilegal la licitación de la obra de conducción de La Vall de Laguar y Benegembla a las poblaciones de Calpe y Benissa, concedida el 4 de mayo de 2004 por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat.
EUROPA PRESS La sentencia del TSJCV, que reconoce el recurso presentado por la Comunidad General de Usuarios del Río Girona, anula y deja sin efecto la obra de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, cuyo importe asciende a 15.000.000 de euros, al considerar que Calp carece de la preceptiva concesión de aguas.Así, el tribunal ha considerado que esta conducción es una obra hidráulica, y ha estimado que la Comunidad General de Usuarios del Río Girona ha probado que la licitación no tenía "la previa declaración o concesión administrativa a favor de los municipios de Calp y Benissa" por lo que, ya que la ley establece que "no podrá iniciarse la construcción de una obra hidráulica que comporte la concesión de nuevos usos del agua, sin que previamente se obtenga o declare la correspondiente concesión", el TSJCV ha estimado el recurso de la comunidad de usuarios del Girona contra esta licitación.De esta forma, la sala ha estimado que la Generalitat "no ha acreditado que exista declaración de concesión de las aguas a favor de Calp y Benissa" y además ha considerado que los usuarios del río Girona han acreditado "que las obras de renovación no son tales obras, sino una verdadera obra hidráulica".Por otro lado, desde la Comunidad General de Usuarios del Río Girona se destacó que la ciudad de Calp "carece de concesión de aguas" y que está "extrayendo las aguas desde el cauce del rió Girona, llevándose un agua que es de los usuarios del acuífero y que históricamente ha venido surtiendo por el propio río Girona a la plana de la Comarca en la que hay acuíferos sobre explotados o salinizados".Al respecto, los usuarios del Río Girona manifestaron que no entendían "cómo se impiden usos de agua a los ayuntamientos de la zona y se permite que se esté llevando agua a Calp durante más de veinte años de forma ilegal". En este sentido, señalaron que "al Ayuntamiento de Tormos le cerraron un pozo pero al de Calp no le permiten seguir extrayendo agua".Por ello, desde la Comunidad General de Usuarios del Rió Girona hicieron un llamamiento al diálogo al Ayuntamiento de Calp, que "nunca se ha sentado a negociar con los usuarios del acuífero y del Río Girona". Así como a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que "cierra el pozo de Tormos, pero no lo hace en el municipio de Calp, y que nos atiende muy amigablemente pero ni tan siquiera nos reconoce la cualidad de interesados en los expedientes referentes al pozo, y no atiende nuestras denuncias".Del mismo modo, llamaron al entendimiento a la oficina de planificación hidrológica de la propia CHJ, ya que "no podemos entender cómo avala la extracción de aguas hacia Calpe, cuando es consciente de que el agua del acuífero del Mediodía surte por sus manantiales y río Girona al acuífero de Segaria, ignorando además que el río Girona debe disponer de un caudal ecológico". Y, finalmente, instaron a la Generalitat valenciana "para que no realice actuaciones en contra de los usuarios de la comarca".Desde la Comunidad General de Usuarios del Río Girona se entiende que "es posible un sistema de explotación que, garantizando el caudal ecológico, permita una racional utilización del recurso, pero contando con los usuarios locales, porque hay agua suficiente para garantizar los usos de la comarca".Finalmente, los usuarios del Río Girona extendieron su llamamiento a la ciudadanía "para que se solidarice con las actuaciones que estamos llevando a cabo y con las movilizaciones que necesariamente habrá que llevar a efecto, si queremos que nuestras reivindicaciones sean escuchadas". Por lo que esperan "las muestras de apoyo de las diversas organizaciones y asociaciones de ciudadanos preocupados por el medio ambiente para que podamos hacer llegar a los que nos administran nuestro interés por defender lo que es de todos".

Los usuarios del Girona se querellan contra la conselleria

Periodico INFORMACIÓN Sábado 12 de mayo de 2007

RECURSOS HÍDRICOS

Los usuarios del Girona se querellan contra la conselleria, la CHJ y Calpe por agotar su pozo

CÈSAR PALAZUELOS La Comunidad de Usuarios de la Cuenca del Girona ha dicho basta. El secretario, Pepe Noguera, anunció ayer que la última junta general celebrada acordó presentar una querella criminal contra los responsables del uso del agua como con la Conselleria de Infraestructuras, la Confederación Hidrográfica del Xúquer (CHJ) y el Ayuntamiento de Calpe porque, según los regantes, «están agotando el pozo Lucifer sin ningún tipo de control». El acuífero del Lucifer está situado en la Vall de Laguar y abastece a la cuenca del Girona pero también al municipio de Calpe donde según Noguera «se aprueban los PAI sin ningún tipo de informe que asegure que existen recursos hídricos». Esos recurso se extraen del Lucifer y por tanto ya no llegan a los municipios del valle del Girona. Pero no sólo la vía judicial es la que han abierto los usuarios sino que también van a iniciar una campaña informativa mediante el envío de carteles y circulares que culminará con la convocatoria de una manifestación «que tendrá lugar la última semana de mayo o la primera de junio». A esta situación se ha llegado según Pepe Noguera «después de haber intentado el diálogo con todas las administraciones» pero los usuarios se ha encontrado «sin ningún tipo de respuesta». Además, los usarios alertaron de que las nuevas conducciones construidas por la conselleria entre la Vall de Laguar y Calpe «tendrán una capacidad de abastecimiento de 5 hectómetros cúbicos con lo que están atentando contra el ecosistema del río». Al respecto de posibles solucines la Comunidad de Usuarios de la Cuenca del Girona considera que en Calpe «podrían construir algún tipo de embalse para almacenar agua durante el invierno que es cuando nuestra cuenca es excedentaria y reservar ese caudal para los meses de julio y agosto» porque lo que ocurre ahora es que municipios como el de Tormos «tienen restricciones incluso para el consumo humano».

P.G.O.U Y AGUA DE TORMOS

Periodico INFORMACIÓN

ALICANTE Jueves, 08 de febrero de 2007

Los afectados indican en sus alegaciones que el modelo de «apartamentos y adosados en parcelas irrisorias» agotará totalmente el agua potable

Los vecinos renuncian por 6 millones a sus casas al ser «destruidas» por un PAI
A.P.F.

De vivir en un chalé con piscina, garaje y jardín a habitar una casa constreñida en una parcela de menos de 500 metros cuadrados. Los vecinos de Tormos afectados por una reparcelación forzosa que impulsa la mercantil Toscaforta, S.L., han presentado durante los últimos días numerosas alegaciones contra un programa urbanístico que les obliga a ceder buena parte de sus propiedades y a derruir piscinas, muros y construcciones anexas a sus chalés. Además, sus viviendas perderán, inevitablemente, valor de mercado y quedarán rodeadas de un enjambre de casas, bungalows y apartamentos

Estos vecinos ven el panorama tan negro que, en sus alegaciones, apelan a la LUV (Ley Urbanística Valenciana) y se acogen al artículo que les permite renunciar a la constreñida finca que les queda tras la reparcelación a cambio de «una justa compensación». Estos propietarios aportan tasaciones de arquitectos y, en conjunto, exigen unos seis millones de euros por sus casas actuales. Las tasaciones individuales van desde los 280.000 euros a los más de 500.000.
Este diario ha tenido acceso a una de las alegaciones. Los propietarios de una casa de 214 metros cuadrados, con piscina de 32 m2 y una caseta de 15 m2, barbacoa y jardín sitúan la «justa compensación» en unos 438.000 euros. En el recurso advierten que, con la reparcelación forzosa, su parcela se reduce a menos de 500 m2 y en el terreno que pierden están la terraza, la piscina, la barbacoa y el jardín. Asimismo, los propietarios deberían derruir todos los muros. No podrán construir de nuevo, por falta de espacio, la piscina y tampoco tendrán ni siquiera sitio para aparcar sus vehículos.
Esta alegación indica que el agente urbanizador, la mercantil Toscaforta, ligada a Blauverd y Real Promociones, demuestra «un claro desprecio por los intereses de los propietarios» de parcelas y viviendas consolidadas y que cuentan, de hecho, con viales de acceso y servicios de saneamiento, agua potable, electricidad, telefonía fija y preinstalación de alumbrado público.

Estos propietarios alertan de que la reparcelación forzosa pasa por alto la realidad urbanística de Tormos y trata sus parcelas, donde han construido con licencia del ayuntamiento sus chalés, «como si de un campo de naranjos o de vid se tratara». Opinan también que el agente urbanizador se ha limitado a «marcar con lápiz» por dónde considera que deben pasar los nuevos viales y no ha pensado ni un momento en «la dignidad» de los afectados, «que pueden ver cómo sus viviendas quedan prácticamente destruidas».
Desde que Tormos aprobó en 2004 su PGOU, los vecinos viven en un constante sobresalto urbanístico. La mercantil Toscaforta presentó seis PAI para desarrollar todo el suelo urbanizable, que supone más de un millón de metros cuadrados. El ayuntamiento, gobernado por el PP, rechazó dos de estos programas pero dio luz verde a los otros cuatro. El 7 de febrero de 2005 terminó el plazo para que los vecinos presentaran alegaciones a los PAI. Ahora, dos años después, los propietarios se han dado de bruces con una reparcelación forzosa que reduce sus parcelas a la mínima expresión. El plazo de alegaciones a la reparcelación termina hoy.
Los recursos presentados por los afectados también insisten en que ni el ayuntamiento ni el agente urbanizador han tenido en cuenta el problema de agua potable que ya sufre Tormos. Alertan de que en verano el agua ya escasea. «Se producen cortes o el agua deja de ser potable y aparece con un color rojizo». Las alegaciones, por tanto, ya avisan de que, «una vez empiecen a finalizarse las nuevas edificaciones, no habrá agua para nadie».
Estos vecinos concluyen que se ha equivocado el modelo urbanístico, ya que los «apartamentos y adosados en parcelas irrisorias» provocarán que se agoten rápidamente las reservas de agua.
Además, propietarios afectados por los PAI y la reparcelación ya han presentado ante la Comisión Territorial de Urbanismo recursos que exigen la revisión del actual PGOU. Estos recursos argumentan que los informes del PGOU que avalaban que había suficiente agua potable están falseados. En las alegaciones, los propietarios advierten que cuando construyeron sus actuales viviendas ya cedieron terrenos para los viales. También señalan que sus parcelas deben tener el tratamiento de suelo urbano consolidado y, por tanto, «no existirá obligación alguna de cesión de terrenos».
Critican que al agente urbanizador se le ha ido la mano al exigir costes de urbanización muy elevados, puesto que estas viviendas ya disponen de servicios urbanísticos.