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La UE investiga 129 urbanizaciones valencianas con informes negativos por falta de aguaLa Comisión Europea (CE) ha dado a España un plazo de dos meses para que envíe información sobre un conjunto de urbanizaciones proyectadas o en fase de construcción, entre ellas 129 en la Comunitat Valenciana, que no disponen de recursos hídricos suficientes, según indicaron ayer fuentes comunitarias.
En una carta enviada hace unos días, Bruselas ha pedido a las autoridades españolas "que identifiquen los proyectos que cuentan con la opinión negativa de las confederaciones hidrográficas y que detallen la cantidad de agua que necesitarían para garantizar el suministro", indicaron las mismas fuentes.
Una vez reciba esos datos, la Comisión "analizará el caso y estudiará si hace falta tomar medidas adicionales".
Bruselas ha iniciado su investigación "preliminar", que afecta a proyectos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, tras una carta remitida por el eurodiputado español de los Verdes David Hammerstein.
En ella el eurodiputado de los Verdes denunciaba la existencia de más de 250 urbanizaciones proyectadas o en construcción, que no disponen de recursos hídricos suficientes. Esos proyectos, según Bruselas, incluyen hoteles, campos de golf y complejos turísticos. "La creación de necesidades adicionales que no se pueden cubrir con los recursos existentes -en regiones que ya están experimentando una falta de agua significativa- puede poner en peligro el principal objetivo de la Directiva Marco de Agua (lograr un estatus de buena calidad para todas las aguas para 2015)", según la Comisión.
En una respuesta escrita a Hammerstein, el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha explicado que Bruselas ha pedido datos sobre "una lista de urbanizaciones que, a pesar de contar con una opinión negativa de la confederación hidrográfica respectiva sobre la disponibilidad de recursos hídricos, han recibido una aprobación definitiva por parte de la autoridad competente".
El responsable europeo también ha reclamado a Madrid un listado de "desarrollos urbanísticos rechazados por la confederación hidrográfica respectiva y que están pendientes de la aprobación". Según Hammerstein, la investigación de la Comisión Europea "puede poner en entredicho legal centenares de miles de viviendas que se proyecta construir en zonas con una escasez hídrica endémica".
Hammerstein denunció el pasado 10 de enero ante la Comisión Europea 266 urbanizaciones aprobadas por las autoridades a pesar de la opinión negativa de las confederaciones hidrográficas, ocho de ellas en Castilla-La Mancha y otras tantas en Andalucía, 129 en la Comunitat Valenciana y en Murcia 121.
Refuerza la ley del suelo
El eurodiputado español David Hammerstein afirmó que la investigación de la Comisión Europea sobre 250 urbanizaciones españolas que no disponen de recursos hídricos suficientes "refuerza la ley del suelo", aprobada el año pasado por el Gobierno. Hammerstein calificó de "muy oportuna" la demanda de información de Bruselas al Ejecutivo español. "La investigación de la Comisión viene a reforzar moral y legalmente la nueva ley del suelo, dentro de la actual lucha de competencias urbanísticas a nivel comunitario, estatal y regional", dijo el eurodiputado del grupo de los Verdes.
No es vinculante
Hammerstein precisó que el dictamen sobre la disponibilidad de recursos hídricos elaborado por una confederación hidrográfica "es preceptivo, pero no jurídicamente vinculante" y recordó que la Directiva Marco del Agua de la CE no entra en vigor hasta 2009.
No obstante, añadió que las autoridades europeas "tienen competencia para actuar contra aquellos proyectos que comprometan el futuro cumplimiento de la directiva, como es el caso de algunas urbanizaciones que estarán construidas dentro de 4 ó 5 años".
Entre los 250 proyectos urbanísticos figuran "muchas urbanizaciones muy grandes y muy importantes", según Hammerstein, quien no facilitó más datos.
Los planes siguen vigentes
La Comisión Europea no tiene intención de pedir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo la suspensión cautelar de los planes urbanísticos adjudicados según la Ley Urbanística Valenciana (LUV) hasta que se dicte sentencia por considerar que esta medida sería desproporcionada, según dijo ayer el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy. Bruselas ha presentado una denuncia contra la LUV ante el Tribunal por incumplir la legislación comunitaria de contratación pública.
McCreevy respondía así a una pregunta parlamentaria presentada por los eurodiputados británicos Neil Parish, del grupo popular, y Daniel Hannan, del grupo de los no inscritos. Ambos parlamentarios interrogaban al Ejecutivo comunitario sobre por qué no ha solicitado al TUE que dicte medidas cautelares en el caso contra la LUV y su predecesora, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
Comunitat Valenciana
Las urbanizaciones, ubicadas también en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, cuentan con permiso de construcción o están pendientes de su obtención pese a no haber recibido el visto bueno de las confederaciones hidrográficas.
EFE La Comisión Europea (CE) ha pedido información a España sobre más de 250 urbanizaciones proyectadas o en fase de construcción que no disponen de recursos hídricos suficientes, según ha anunciado el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en respuesta a una pregunta parlamentaria.
Los proyectos, ubicados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana, cuentan con permiso de construcción o están pendientes de su obtención pese a no haber recibido el visto bueno de las confederaciones hidrográficas autonómicas, según informó el eurodiputado español David Hammerstein, quien formuló la pregunta a Dimas.
En su respuesta escrita, Dimas afirma que pidió a las autoridades españolas "una lista de urbanizaciones que, a pesar de contar con una opinión negativa de la confederación hidrográfica respectiva sobre la disponibilidad de recursos hídricos, hayan recibido una aprobación definitiva por parte de la autoridad competente".
El responsable europeo también reclamó a Madrid un listado de "desarrollos urbanísticos rechazados por la confederación hidrográfica respectiva y que están pendientes de la aprobación".Asimismo, pidió al Gobierno español que explique sus planes "para garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua" de la Unión Europea, concebida para preservar la calidad y cantidad de los recursos hídricos a medio y largo plazo.
Según Hammerstein, del grupo europeo de Los Verdes, la investigación de la CE "puede poner en entredicho legal centenares de miles de viviendas que se proyecta construir en zonas con una escasez hídrica endémica".
http: El Consell aduce que la CHJ vota en contra del 75% de planes
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aseguró ayer que "el 75% de La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aseguró ayer que "el 75% de los expedientes que pasan por la Comisión Territorial de Urbanismo son informados desfavorablemente por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)". O incluso se dan casos paradójicos de informes en contra de proyectos (complejos dotacionales, polígonos industriales o unidades de ejecución) previstos en suelo urbano (que se supone ya han sido informados por el organismo de cuenca en el plan general).
El Consell considera en este asunto que la legislación autonómica y estatal le ampara. La Ley de Aguas (modificada por el decreto-ley que derogó el Plan Hidrológico Nacional y la Ley del Suelo) "establece que el informe de las confederaciones hidrográficas en los planes urbanísticos es necesario aunque, si en un determinado plazo no se pronuncia, el informe es negativo (antes era positivo)". La legislación estatal sobre el suelo introdujo como novedad que el informe de los organismos de cuenca sería "determinante" aunque el legislador no se atrevió a ir más allá (un error según algunos juristas) y utilizar la palabra "vinculante" porque eso supondría "una clara invasión de las competencias autonómicas", según fuentes del Consell. De hecho, la legislación valenciana aprobada durante la etapa de Rafael Blasco (la Lotpp y la LUV) incluyen una calculada ambigüedad sobre quién decide la suficiencia de agua a un PAI y permite que sea la confederación o la compañía suministradora de agua la que dictamine.
Medio Ambiente añade, además, que "el TSJ reconoce que son necesarios los informes del organismo de cuenca y que el posible silencio negativo también vulnera las competencias autonómicas".
